A principios del año pasado surgía en nuestro país, muy aplaudido por la SGAE, un nuevo y polémico impuesto denominado “Canon Digital”. Y digo bien al llamarlo impuesto, puesto que es un cargo añadido sobre determinados bienes de consumo capaces de reproducir total o parcialmente una obra, que obligatoriamente debe abonar cualquier consumidor cuando adquiere uno de estos productos (CD-R’s, DVD’s, impresoras, escáneres, fotocopiadoras, grabadoras…). Esta decisión, tomada para salvaguardar el derecho de propiedad intelectual sobre las copias privadas, presuponía indirecta -o directamente- que cualquier ciudadano español iba a atentar contra este derecho.
Soy escritor de profesión -de novela juvenil, para ser más exactos- y a menudo me preguntan cuál es la relación que une a los escritores con la SGAE. Lo cierto es que ninguna. Esta entidad privada, cuyas siglas significan Sociedad General de Autores y Editores, únicamente defiende los derechos relacionados con el cine, la música y el teatro. Por lo tanto, los escritores no tenemos nada que ver con la SGAE… ni con el “Canon Digital”. Y he aquí el motivo de mi protesta, que me gustaría trasladar a la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde.
Las nuevas tecnologías han irrumpido en todos los campos y el literario no es una excepción. Si bien es cierto que una película o una canción son susceptibles de transmitirse como un archivo informático, también los libros lo son. Ahí están los libros en formato digital o electrónicos, los ebooks, los iphones… ¿Acaso los escritores no merecerían el cobro de ese “Canon Digital”? ¿Por qué esa discriminación? No soy un defensor del “Canon Digital”, pero lo que sí es cierto es que o se benefician todos… o ninguno.
